Si bien la guerra en curso de Israel con Hamas ha tenido un impacto legítimo en la economía de Israel, los israelíes deben permanecer vigilantes y conscientes de una amenaza subyacente más profunda para la economía de la nación: la polémica reforma judicial del gobierno actual, que ha quedado en segundo plano en los últimos meses pero de ninguna manera ha desaparecido.
Durante más de un año, economistas, ejecutivos y expertos en Israel y alrededor del mundo han levantado banderas rojas y advertido sobre el impacto potencialmente devastador que la reforma supone para la inversión extranjera.
Esto podría tener graves consecuencias, especialmente dada la función clave del sector de alta tecnología en la economía: la industria de alta tecnología de Israel representó el 18,1% del PIB en 2022, lo que la convierte en un contribuyente principal a la economía.
Los críticos argumentan que al socavar la autoridad legal del Tribunal Superior del país, el gobierno amenaza con desestabilizar la relación de Israel con los inversores extranjeros, una advertencia que ya ha comenzado a hacerse realidad.
A partir de 2024, Fitch, Citi, Moody's, Morgan Stanley y S&P, todas ellas principales agencias internacionales de calificación crediticia, han advertido a los inversores del riesgo que supondría invertir en un Israel posterior a la reforma. Varias agencias han rebajado la calificación de inversión de Israel.
Un informe de septiembre del Instituto de Políticas Startup Nation (SPNI) destacó una disminución del 20% en las inversiones y una caída del 50% en los acuerdos durante el segundo y tercer trimestre de 2023. Esta disminución se puede atribuir a una disminución de los inversores activos, tanto locales como extranjeros, con los fondos israelíes disminuyendo en un tercio y los extranjeros en más del 40% durante el mismo período.
La desaceleración también se refleja en la reducida aparición de empresas unicornio y rondas de financiación millonaria en 2023, con solo un unicornio y un puñado de rondas millonarias originadas desde las sedes israelíes.
Incluso el propio Banco de Israel advirtió sobre el impacto negativo de la reforma en un informe publicado a principios de este año, señalando que la incertidumbre en torno a la legislación de la reforma legal ha aumentado el riesgo para la economía.
Dan Ben-David es el director de la Institución Shoresh de Investigación Socioeconómica y economista en la Universidad de Tel Aviv, así como un oponente de larga data de la reforma. Advirtió que la necesidad de vigilancia con respecto a la actividad del gobierno se extiende más allá del interés continuo en la reforma judicial.
"Como si toda la incertidumbre causada por el intento de golpe judicial, la guerra aún en curso con Hamas y la guerra de fronteras aún no resuelta con Hezbollah no fueran suficientes, tenemos un gobierno que no se conforma simplemente con desconectarse de los hechos que deben ser abordados", dijo.
"Es como si el gobierno estuviera buscando activamente formas de aumentar la incertidumbre de los días venideros", continuó. "Se niega a dejar de aumentar las asignaciones presupuestarias sectoriales y personales que deben ser desviadas para financiar necesidades nacionales como la guerra y los esfuerzos de reconstrucción. Se niega a tomar decisiones sobre el día después en Gaza. Activamente antagoniza a los cada vez menos partidarios internacionales de Israel mientras sus ministros bailan en una conferencia que escupe en la cara de la corte de La Haya al abogar por la transferencia de los gazatíes y el asentamiento de judíos en su lugar".
La prioridad económica actual del Knesset es y debe ser gestionar la economía de manera eficiente y estratégica durante la guerra en curso. Sin embargo, si y cuando esa prioridad pueda cambiar, abordar los daños que la reforma judicial ya ha causado a la economía y prevenir que cause más, debe moverse a la parte superior de la lista de tareas pendientes de Israel.