La "ocupación" israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriental, así como sus políticas asociadas de asentamientos, anexión y discriminación en esas zonas, son ilegales y deben terminar, declaró el viernes la Corte Internacional de Justicia al emitir la primera opinión consultiva de su tipo sobre el asunto.
"La presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal", dijo el presidente del tribunal, Nawaf Salam, explicando que ésta era la opinión de los 11 jueces que componen el panel judicial de 15 miembros. Incluidos en esta decisión, señaló, están "los asentamientos israelíes en Cisjordania, Jerusalén oriental y el régimen asociado a ellos".
Esos mismos 11 jueces, dijo Salam, sostienen que "Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia ilegal en... el territorio" lo "más rápidamente posible".
El primer ministro Benjamin Netanyahu denunció duramente el fallo, afirmando que "el pueblo judío no es ocupante en nuestra propia tierra, ni en Jerusalén, nuestra capital eterna, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria. Ninguna decisión falsa de La Haya distorsionará esta verdad histórica, al igual que no se puede impugnar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria".
El presidente del Consejo de Yesha, Israel Gantz, que también es jefe del Consejo Regional de Mateh Binyamin, pidió a Netanyahu que "aplique la soberanía a los territorios de Judea y Samaria"."
Además, instó al mundo a condenar a la CIJ, afirmando que la decisión era "contraria a la justicia, la Biblia, la moral y el derecho internacional".
Salam leyó la amplia opinión consultiva en la sala del tribunal de La Haya, en los Países Bajos. Examinó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, pero se centró principalmente en las dos últimas regiones.
El dictamen jurídico no es vinculante, pero podría servir de base para una acción global contra Israel, ya sea en la Corte Penal Internacional (CPI), en las Naciones Unidas o incluso por parte de los aliados del país.
Las conclusiones de la CIJ
Algunas de las conclusiones del tribunal podrían contribuir a reforzar la CPI cuando ésta estudie la posibilidad de interponer demandas por crímenes de guerra contra israelíes por la cuestión de la actividad de asentamiento.
También abren la puerta a la posibilidad de que se presenten cargos de apartheid contra Israel en el futuro y refuerzan la legitimidad de los llamamientos a la desinversión contra el Estado judío.
Además, la postura judicial podría incentivar a los aliados del país a cambiar los contornos de sus acuerdos bilaterales actuales o futuros con Israel por temor a entrar en conflicto con el derecho internacional. Especialmente preocupantes son las relaciones comerciales de Israel con sus aliados.
El dictamen incluía votaciones separadas sobre cuestiones críticas, así como respuestas ampliadas que abordaban cuestiones clave planteadas sobre la actividad israelí.
"Por 12 votos contra tres", dijo Salam, la CIJ opina que "todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal del Estado de Israel en el territorio palestino ocupado y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por la presencia continuada de Israel" en esa región.
Esos mismos jueces, prosiguió, sostuvieron que esa misma obligación incumbía a organizaciones internacionales como la ONU.
Salam añadió que esos 12 jueces también aconsejaron a la ONU, especialmente a su Asamblea General y al Consejo de Seguridad, que estudiaran las "modalidades precisas y las nuevas medidas necesarias para poner fin lo antes posible" a la presencia de Israel "en los territorios palestinos ocupados"."
Los jueces votaron 14 a uno, y Salam explicó, que Israel debe "reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas" en el "territorio palestino". Esos 14 jueces aconsejaron además que Israel tenía la "obligación de cesar inmediatamente todas las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a los colonos" de Cisjordania y Jerusalén oriental.
En este marco, la CIJ aclaró que su definición de "territorio palestino ocupado" incluía Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental.
La Asamblea General de la ONU solicitó en 2022 que la CIJ emitiera un dictamen jurídico de este tipo, antes de la guerra de Gaza que comenzó en octubre de 2023.
El tribunal explicó que "las políticas y prácticas contempladas en la solicitud no incluyen la conducta de Israel en la Franja de Gaza en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023", por lo que su dictamen se refería en gran medida a Cisjordania y Jerusalén oriental en general.
Señaló que Israel se había retirado de Gaza en 2005, pero discrepó de la afirmación de Israel de que, al hacerlo, ya no podía considerarse legalmente que ocupara el enclave. La CIJ explicó que Israel seguía manteniendo algunos elementos de control sobre Gaza, en particular en lo que respecta al acceso terrestre, aéreo y marítimo.
"La retirada de Israel de la Franja de Gaza no le ha liberado totalmente de su obligación en virtud del derecho de ocupación. Las obligaciones de Israel han seguido siendo proporcionales al grado de su control efectivo" de la zona, subrayó el Tribunal.
Rechazó cualquier argumento de que Israel tuviera derecho a mantener el control de Cisjordania, Jerusalén oriental o Gaza por razones de seguridad, ya fuera mediante anexión o mediante un régimen militar.
Además, el Tribunal rechazó las alegaciones de que los Acuerdos de Oslo de 1993, que sentaron las bases para una solución del conflicto basada en dos Estados, permitieran la retención del territorio.
"Estos acuerdos no autorizan a Israel a anexionarse parte del territorio palestino ocupado para satisfacer sus necesidades de seguridad. Tampoco autorizan a Israel a mantener una presencia permanente" en ese territorio "por necesidades de seguridad", declaró la CIJ.
Coincidió con las acusaciones formuladas contra Israel de que sus prácticas y políticas "equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado."
También estuvo de acuerdo en que las políticas israelíes de apoyo a la vida civil de sus ciudadanos en Cisjordania y Jerusalén Este contravenían el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, una conclusión que podría servir de base para acusar a Israel de crímenes de guerra ante la CPI en el futuro.
"El tribunal considera", dijo la CIJ, "que el traslado por Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén oriental, así como el mantenimiento por Israel de su presencia, es contrario al párrafo sexto del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra".
Conjuntamente, también consideró que Israel incumplía el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, también conocida como CERD, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.
Sin embargo, en su opinión consultiva, la CIJ sólo se centró en la cuestión de la segregación al explicar por qué consideraba que Israel había violado el artículo 3 de la CERD.
La legislación y las medidas de Israel "imponen y sirven para mantener una separación casi total en Cisjordania y Jerusalén Este entre las comunidades de colonos y palestinas", afirmó.
En conjunto, la CIJ declaró que "la política de asentamientos de Israel, sus actos de anexión y su legislación y medidas discriminatorias conexas infringen el derecho internacional"."
Estas políticas agravan la violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, subrayó.
En febrero, más de 50 Estados presentaron sus puntos de vista ante el tribunal, y los representantes palestinos le pidieron que dictaminara que Israel debe retirarse de Cisjordania y Jerusalén Este.
Israel ha alegado que el TIJ no tiene jurisdicción para conocer de este caso, por lo que no participó en las vistas orales. Jerusalén sí presentó una declaración escrita en la que informaba al tribunal de que emitir una opinión consultiva sería "perjudicial" para los intentos de resolver el conflicto israeli-palestino.
Un puñado de Estados, entre ellos Canadá y Gran Bretaña, argumentaron que el tribunal debía negarse a emitir una opinión consultiva.
Estados Unidos, el mayor defensor de Israel, le instó a limitar cualquier opinión consultiva y a no ordenar la retirada incondicional de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos.
La postura estadounidense era que el tribunal no debía emitir ninguna decisión que pudiera perjudicar las negociaciones hacia una solución de dos Estados basada en el principio de "tierra por paz".
En 2004, la CIJ emitió una opinión consultiva según la cual la barrera de seguridad de Cisjordania que atraviesa parte de ella era ilegal y los asentamientos israelíes se habían establecido infringiendo el derecho internacional. Israel desestimó la sentencia.
El Estado judío arrebató Cisjordania y Jerusalén Oriental a Jordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Se anexionó Jerusalén oriental, formalizando esa aplicación de soberanía en 1980, pero dejó Cisjordania bajo dominio militar.
Los Acuerdos de Oslo de los años 90 dividieron Cisjordania en tres secciones, situando las áreas A y B bajo los auspicios totales o parciales de la Autoridad Palestina, mientras que el área C permaneció bajo dominio civil y militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Todos los asentamientos israelíes se encuentran en la zona C.
Reuters ha colaborado en la elaboración de este informe.