Un tribunal penal en Buenos Aires condenó la semana pasada al político de izquierda Alejandro Bodart por violar la ley contra la discriminación del país, la cual se basa en la definición de antisemitismo de la IHRA.
Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, recibió una condena suspendida de seis meses de prisión tras el fallo del 30 de diciembre de 2024.
La noticia fue anunciada tanto por el Centro Simon Wiesenthal América Latina (SWC), que proporcionó un informe pericial en el que se basó el tribunal, como por el propio Bodart.
El fallo histórico utilizó la definición de la IHRA, codificada en el marco legal de Argentina desde 2020, para calificar las acciones de Bodart como antisemitas.
74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar.#Nakba74 pic.twitter.com/HLtjVYHG6A
— Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) May 15, 2022
Las acciones de Bodart se centraron en el contenido de tres publicaciones en X/Twitter, en las que se refirió a Israel como "racista y genocida" y llamó a erradicar a Israel y reemplazarlo por un solo estado palestino "desde el río hasta el mar".
Tales afirmaciones, según la ley argentina, contravienen el dogma anti-discriminación basado en la definición de la IHRA.
Bodart también equiparó el sionismo con el nazismo en una tercera publicación.
Respuesta de SWC
El director para América Latina en SWC, el Dr. Ariel Gelblung, quien proporcionó la declaración jurada, dijo que la comparación con el nazismo era "profundamente perversa" y "asimila un movimiento de autodeterminación con un proyecto de aniquilación racial al tiempo que sugiere que los nazis estaban justificados en intentar destruir al pueblo judío".
Bodart fue originalmente absuelto, sin embargo, una apelación exitosa por parte de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la organización paraguas de la comunidad judía argentina) y la Fiscalía de la Ciudad finalmente condujo a la condena exitosa.
Gelbung dijo que la decisión estableció un precedente significativo: "Esta sentencia incorpora la definición de antisemitismo de la IHRA como base legal para interpretar las leyes anti-discriminación de Argentina. Establece un límite claro contra el discurso de odio disfrazado como expresión política."
Respuesta de Bodart
Bodart respondió a la decisión del tribunal con una declaración pública, diciendo: "El sionismo también coloniza el sistema de justicia. Por supuesto, apelaremos".
"Castigar a aquellos de nosotros que condenamos un genocidio como el que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino no es solo un ataque totalitario contra el derecho a la libertad de expresión, sino que también muestra complicidad de facto", añadió.
"Mientras la Corte Internacional de La Haya, la Corte Penal Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el Papa Francisco, innumerables organizaciones de derechos humanos, sectores democráticos y millones de personas en todo el mundo repudian tales crímenes contra la humanidad, y [el Primer Ministro] Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra buscado para ser arrestado, intentan silenciarme por decir la verdad en tres tweets en solidaridad con la justa causa palestina", continuó.
Luego agregó: "No tendrán éxito porque cada vez somos más los que no nos quedamos en silencio ante este crimen, esta barbarie".
"La afirmación de los jueces Ignacio Mahiques y Jorge Atilio Franza de que aquellos de nosotros que rechazamos el estado de Israel somos 'antisemitas' es una absurda sin precedentes, ya que entonces el sionismo sería la única ideología política en toda la historia y el mundo entero que no puede ser cuestionada," continuó Bodart.
"De ahora en adelante, con mis abogados defensores María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, vamos a apelar esta vergonzosa sentencia tan pronto como termine el receso judicial. Además, mis colegas están intensificando las campañas nacionales e internacionales en defensa de la libre expresión. Denunciar un genocidio no es un crimen: es una obligación democrática básica," concluyó.