Nueva Zelanda incluyó el jueves al grupo islamista palestino Hamás en su totalidad en la lista de entidades terroristas e impuso prohibiciones de viajar a colonos israelíes "extremistas" que, según dijo, habían cometido ataques violentos contra palestinos en Cisjordania.
El Primer Ministro, Christopher Luxon, dijo en un comunicado que los ataques de Hamás contra Israel en octubre "fueron brutales y los hemos condenado inequívocamente."
Pero añadió que "Nueva Zelanda quiere dejar claro que la designación de Hamás se refiere a las acciones de una entidad terrorista extraterritorial y no es un reflejo del pueblo palestino en Gaza y en todo el mundo."
Nueva Zelanda ha designado al ala militar de Hamás como entidad terrorista desde 2010.
El ministro de Asuntos Exteriores, Winston Peters, afirmó que la totalidad de Hamás es responsable de los atentados de octubre, por lo que al gobierno neozelandés le resulta difícil distinguir entre las alas militar y política del grupo.
Los ataques del 7 de octubre mataron a 1.200 personas, según los recuentos israelíes. Desde entonces, la campaña aérea y terrestre de Israel en la Gaza gobernada por Hamás ha matado a unos 30.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
La decisión de Nueva Zelanda tipifica como delito la realización de transacciones inmobiliarias o financieras con Hamás o la prestación de apoyo material. También congela todos los activos de Hamás en Nueva Zelanda.
No limita la ayuda futura
No impide que Nueva Zelanda proporcione ayuda humanitaria y futura ayuda al desarrollo para la población civil de Gaza ni que preste apoyo consular a ciudadanos neozelandeses o residentes permanentes en la zona de conflicto.
Luxon también se mostró "seriamente preocupado por el significativo aumento de la violencia extremista perpetrada por colonos israelíes" contra palestinos en los últimos meses.
"Esto es particularmente desestabilizador en lo que ya es una crisis importante", dijo Luxon.
La postura constante de Nueva Zelanda ha sido que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados constituyen una violación del derecho internacional.
El gobierno afirmó que seguiría apoyando un futuro Estado palestino como parte de una solución negociada de dos Estados, e instó a poner fin al conflicto actual y a reiniciar urgentemente el proceso de paz en Oriente Medio.