Un tribunal de apelaciones holandés dictaminó recientemente impedir que los Países Bajos entreguen partes de jets militares F-35 propiedad de EE. UU. a Israel. Según el tribunal, las partes, almacenadas por EE. UU. en un almacén situado en los Países Bajos, supuestamente "constituyen un claro riesgo" de ser "utilizadas en graves violaciones del derecho humanitario internacional" en la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas en Gaza. La decisión anuló un fallo de un tribunal inferior que había desestimado el caso de plano.
A pesar de las celebraciones de los activistas anti-Israel, es probable que tal fallo tenga poca consecuencia material con respecto a las partes del F-35. No está claro si Israel necesita tales partes en este momento, y Estados Unidos simplemente puede redirigirlas a Israel a través de un país diferente.
Sin embargo, el fallo demuestra, tras la masacre del 7 de octubre llevada a cabo por Hamas, la alarmante y creciente tendencia del activismo legal originado por organizaciones no gubernamentales (ONG) anti-Israel. Estos grupos buscan explotar los tribunales para obstaculizar la guerra de Israel contra Hamas y para forzar decisiones políticas que de otro modo no podrían obtener mediante el cabildeo, las protestas y las urnas.
Sin embargo, cabe destacar que estas demandas no solo buscan perjudicar a Israel en su lucha contra el terrorismo. Como muestra el caso holandés, esta guerra legal, o lawfare, también puede dañar los intereses de seguridad nacional y económicos de los países donde se presentan estos casos.
La demanda holandesa fue iniciada por cuatro ONG – Oxfam Novib, Amnistía Internacional, PAX y Rights Forum – aparentemente tratando de detener el suministro de armas y otra ayuda a Israel. En realidad, su objetivo – mala publicidad para Israel – se logró en el momento en que un tribunal aceptó escuchar el caso, independientemente de si las partes del F-35 se envían a Israel.
Este sesgo y discriminación se ha reflejado en su promoción de definiciones artificiales y fabricadas de apartheid, así como en esfuerzos extensivos para excluir al antisemitismo como una preocupación de derechos humanos.
Oxfam Novib ha proporcionado financiamiento a varias ONGs altamente sesgadas y politizadas activas en el conflicto palestino-israelí. The Rights Forum, fundada por el ex primer ministro holandés Dries van Agt, quien ha enfrentado acusaciones de antisemitismo desde la década de los 70, es uno de los líderes del lobby anti-Israel BDS en Europa.
Como era de esperarse, mientras atacan sin cesar a Israel, estas ONGs no han emprendido esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores de la masacre de Hamás, para abogar en nombre de las familias de rehenes israelíes, ni para ayudar a las muchas víctimas de la horrible violencia sexual que ocurrió el 7 de octubre.
En lugar de ello, los casos impulsados por las ONGs dirigidos contra Israel se han intensificado, con las ONGs buscando sentencias o medidas cautelares para bloquear el apoyo militar aliado en los Países Bajos, así como en los Estados Unidos y el Reino Unido. No solo estos grupos buscan debilitar los lazos de Occidente con Israel, la mayoría de los grupos involucrados rechazan la legitimidad de la existencia de Israel como el estado-nación del pueblo judío dentro de cualquier frontera.
Los tribunales occidentales están siendo explotados por aquellos que blanquean el terrorismo
Por ejemplo, en noviembre, el Centro por los Derechos Constitucionales presentó una demanda contra el gobierno de EE. UU. en nombre de dos ONG afiliadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) - Defense for Children International-Palestina (DCI-P) y Al-Haq - acusando al presidente Joe Biden de ser cómplice con Israel en el genocidio en Gaza.
Al mismo tiempo, la queja de los grupos ante el tribunal simplemente se refería a Hamás, los verdaderos perpetradores del genocidio, como un "partido político". Además de blanquear la organización terrorista y borrar sus crímenes, estas ONG vinculadas al FPLP producen informes y presentaciones a la ONU que demonizan a Israel y denigran el derecho de autodeterminación judío.
Es esta simpatía por los enemigos de Israel, y el correspondiente odio hacia Israel, en lugar de preocupaciones humanitarias, lo que por lo tanto está impulsando la explotación de los tribunales occidentales. E incluso cuando los casos de lawfare son desestimados, aún traen beneficios a las ONG que los presentan, incluyendo publicidad para sus afirmaciones falsas y la construcción de narrativas negativas sobre Israel.
Esto debería dar motivo de reflexión a los donantes de estas ONGs, que en el caso de Oxfam Novib incluyen a los gobiernos de la Unión Europea, Suecia y los Países Bajos, y debería impulsar a los jueces a imponer sanciones contra aquellos que presentan demandas con objetivos evidentemente destructivos.
En última instancia, el caso en los Países Bajos no interferirá directamente con la capacidad de Israel para defender a sus ciudadanos y llevar a cabo operaciones necesarias contra los terroristas en Gaza. Al resaltar los objetivos nefastos de la demanda de la ONG, el gobierno holandés señaló que los F-35 son principalmente necesarios para la seguridad de Israel contra Irán, Yemen, Siria y Líbano.
Sin embargo, los verdaderos perdedores de esta demanda podrían terminar siendo el gobierno holandés y el pueblo neerlandés. Si los Países Bajos se niegan a violar sus acuerdos vinculantes con los EE. UU., este último podría seleccionar a otro país, uno que honre sus compromisos, como socio en el Programa F-35 Lightning.
Hacerlo no solo causaría daños económicos actuales y futuros a los Países Bajos, sino que también dañaría el prestigio de los Países Bajos como un aliado confiable en la lucha internacional contra el terrorismo.
Mientras tanto, Israel está ocupado utilizando armamento, no para atacar a civiles, como falsamente alegan las ONG, sino para rescatar a inocentes y eliminar la amenaza de Hamás. Tan solo unas horas antes del fallo del tribunal holandés, Israel llevó a cabo una audaz operación nocturna para liberar a dos rehenes israelíes que habían sido retenidos cruelmente en el sur de Gaza durante más de cuatro meses.
Mientras se llevaba a cabo el rescate, activistas anti-Israel de todo el mundo condenaron los acontecimientos. La verdad sobre la operación, que solo salió a la luz por la mañana, expuso estas condenas histéricas como absurdas, al igual que la propaganda presentada por las ONG al tribunal holandés.
Poco después de la decisión, el gobierno holandés anunció que apelaría el fallo. También lanzó un intenso esfuerzo de relaciones públicas para convencer a Estados Unidos y a sus otros socios de defensa de que debería seguir siendo parte del proyecto F-35 y otras iniciativas aliadas. El tiempo dirá si el daño causado a los Países Bajos por las actividades malignas de estas ONG anti-Israel puede ser revertido.
El escritor es el asesor legal de NGO Monitor, un instituto de investigación con sede en Jerusalén.